SANTIAGO DE CHILE, EFE.. Los países de América Latina y el Caribe buscan acabar con la tala ilegal de madera que supone un coste estimado para los gobiernos de entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.
Según un comunicado difundido hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países “están fortaleciendo su gobernanza forestal para responder a la tala ilegal de los bosques y a la preocupante tasa de deforestación de la región, la segunda más alta del mundo”.
Agrega que la tala ilegal despoja a los gobiernos y a las comunidades de los recursos de los que dependen, reduce la biodiversidad, acelera los efectos del cambio climático y produce conflictos por la tierra y otros recursos naturales.
“El comercio y corte ilegal no solo socava los medios de vida de las personas y les priva de ingresos y alimentos, sino que es responsable de la degradación de grandes extensiones de bosques, contribuyendo al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, explicó el oficial forestal de la FAO, Jorge Meza.
La tala ilegal contribuye a la deforestación regional, la cual se ha reducido a la mitad desde los niveles de 1990, pero continúa siendo preocupante: cada año se pierdan cerca de dos millones de hectáreas de bosques nativos en la región.
La tala ilegal también impide el desarrollo de las empresas que respetan la ley y genera corrupción en varios niveles en los países, añade el informe.
Para enfrentar estos problemas, los gobiernos, comunidades y empresas de la región están fomentando el manejo forestal sostenible y la buena gobernanza de los bosques.
“Algunos buenos ejemplos de gobernanza forestal en la región son el Pacto Intersectorial por la Madera en Colombia, las veedurías (vigilancias) comunitarias en Perú, los sistemas de trazabilidad en Guatemala y Honduras y la alianza para frenar la tala ilegal entre los gobiernos y pueblos indígenas de Belice y Guatemala”, explicó Jorge Meza.
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