El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró ayer que se deben investigar las grandes fortunas que ostentan algunas personas en República Dominicana sin poder justificarlas.
El abogado hizo la exhortación a propósito de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, James Brewster, quien advirtió que la corrupción que permea las instituciones dominicanas impide el crecimiento económico del país y la inversión del empresariado extranjero.
“En este país hay más ricos que empresarios, eso llama la atención”, afirmó Castaños Guzmán, quien recomendó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República, cumplir su rol de reguladores y a reaccionar ante la denuncia del embajador estadounidense.
Dijo que la DGII tiene que ser más activa, para investigar la cantidad de ricos que no pueden justificar el dinero que tienen, y ser una de las principales herramientas para combatir la corrupción.
Sostuvo que Brewster no expresó nada que instituciones como Finjus no hayan denunciado y llamó a los empresarios a respaldar la preocupación del diplomático, para que la inversión extranjera, que tiene gran parte de la nómina local, no se aleje.
Al ser entrevistados sobre el discurso del embajador ante la Cámara Americana de Comercio, tanto Castaños Guzmán como Cándido Mercedes, coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), y el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, manifestaron que en todos los países del mundo hay corrupción, pero señalaron que el gran problema de República Dominicana es la impunidad.
“La impunidad es la madre de la corrupción, la cual daña la institucionalidad y afecta la inversión”, enfatizó Mercedes, quien señaló que en el país lo informal está por encima de la institucionalidad.
Afirmó que desde hace más de 20 años Participación Ciudadana ha advertido que la corrupción deteriora el clima de inversiones, y precisó que empresarios de países que se rigen por un código de ética no invierten en el país, por miedo a ser víctimas de soborno y extorsión.
Empresarios. Taveras Guzmán consideró una vergüenza que fuera un extranjero quien hablara del daño que genera la corrupción.
Dijo que la justicia dominicana es precaria y no se cumplen los niveles de consecuencia. Señaló que el empleado público y el empresario que en contubernio quebranten la ley, deben pagar por eso con una sanción proporcional al delito cometido.
Llamó a investigar las riquezas dudosas de empresarios y políticos.
El empresario Celso Marranzini dijo que es cierto lo que afirmó Brewster. Expresó que además de erradicar los niveles de corrupción, se requiere mejorar los permisos al empresariado y formular una ley de silencio administrativo para establecer cuántos días le toma a un funcionario dar un permiso o rechazarlo, y si no lo aprueba en el plazo, aprobarlo automáticamente.
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