Editorial invitado del Listin Diario.
Hasta donde se sabe, no es una práctica regular ni sistemática de los partidos políticos someter a sus aspirantes a candidaturas, o candidatos ya escogidos, a pruebas o “dopaje” para determinar si consumen drogas.
Ni tampoco parece que exijan a sus dirigentes o militantes que tienen o portan armas de fuego proveerse de sus respectivos permisos oficiales, para los cuales median algunas rigurosas exigencias.
En la campaña para las elecciones pasadas del 2012 sí se produjeron pruebas limitadas en por lo menos dos partidos políticos con la finalidad de asegurarse de que sus aspirantes a candidatos no fueran drogadictos, y eso ayudó a descalificar a algunos antes de que se lanzaran al ruedo.
En estas semanas se están realizando primarias o elecciones internas en los partidos, pero no se tienen evidencias de que, ahora, como lo fue en la pasada jornada, se estén realizando “dopings” a los aspirantes.
Ojalá que estas pruebas se institucionalicen, tanto si es por decisión propia de los partidos, como si fuera posible y con fundamento legal mediante algún acuerdo entre la Junta Central Electoral y la Dirección Nacional de Control de Drogas, de forma que se evite la presencia de políticos marcados por esta adicción en las elecciones.
En otros países se cuida mucho este aspecto, a sabiendas de que el narcotráfico puja por infiltrar en los poderes del Estado y en las instituciones guardianas de la seguridad nacional, a los suyos, por la vía legítima de los votos.
Iguales procedimientos de prevención deberían aplicarse para el caso del uso de armas, ya que son frecuentes las reyertas a tiros que se producen en estas competencias internas electorales y aun en las mismas campañas nacionales formales, por individuos que carecen de permisos legales, pero también de la cordura y el equilibrio emocional indispensables para no reaccionar a tiro limpio cuando quieren resolver cualquier problema por la vía rápida.
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