Por Nelson Marte
Luego de que los candidatos
presidenciales de oposición documentaron que el proceso electoral del pasado 15
de mayo siguió “un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas y una gran
desorganización, viciándolo en prácticamente todas las instancias de concurrencia
de los ciudadanos…”.
Tras Participación Ciudadana y
otras entidades de la sociedad civil registrar los desafueros de esas
elecciones. Que la misión de Observación de la OEA, la Unión Interamericana de
Organizaciones Electorales y la Asociación Mundial de Órganos Electorales confirmaran
sus defectos, desorganización y vicios.
Conocida la valoración de la
autoridad electoral (distinguida por la actual dirección de la JCE) que es
Daniel Zovatto: “Con preocupación y dolor observo que la calidad e integridad
de las elecciones en la República Dominicana han sufrido un serio retroceso
durante el pasado proceso”.
Calificado de “colapsado” el
proceso electoral por Rafael Blanco Canto, presidente del Conep, en una
aplaudida conferencia en la Cámara Americana de Comercio, se han disparado
alarmas sobre la necesidad de renovar el sistema electoral.
De que los actuales directivos de
la JCE y el TSE sean sustituidos por funcionarios que no respondan a las
directrices de ningún partido político, y que actúen únicamente conforme los
mandatos de la Constitución y las leyes.
Reacio a cambios que le impidan
seguir sirviéndose con la cuchara grande, el partido de gobierno ha reaccionado
dejando ver el refajo de sus intenciones contrarias al fortalecimiento de la
institucionalidad democrática, en ese primer nivel que es la celebración de
elecciones libres y justas.
Primero trazaron la orientación
destacados dirigentes y funcionarios del PLD, en el sentido de que es “muy
difícil” elegir directivos de la JCE y el TSE que no tengan vínculos con los partidos.
Luego, columnistas y analistas
que operan al servicio del partido de gobierno, llevan varias semanas en una
abierta campaña dirigida a desacreditar la importancia de hacer las reformas y
cambios en el andamiaje electoral.
El presidente del Senado y
secretario general del PLD, Reinaldo Pared, ha dado a entender la pretensión de
que los cambios en la JCE sólo sean hechos por los 30 senadores peledeístas,
cuya decisión se reducirá a la voluntad de un solo hombre, el presidente Danilo
Medina, amo y señor de “su” Congreso. Y, en un olímpico colofón de las
pretensiones del PLD, el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, ha acusado
a la sociedad civil y al empresariado de pretender dar “un golpe
constitucional”, por haber creado la “Iniciativa por la Institucionalidad
Democrática”, inspirada en la necesidad de crear conciencia e impulsar la
reforma del sistema electoral. Ni siquiera el defectuoso y “colapsado” proceso
electoral que dio tan amplia mayoría senatorial faculta al PLD para legislar
únicamente en su beneficio.
Se supone que los “eligieron”
para representar también a los sectores de la sociedad que demandan una
renovación del sistema electoral para que los comicios legislativos,
municipales y presidenciales del año 2020 reflejen el espíritu de libertad,
equidad y legalidad que manda la Constitución.
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