El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en
América Latina y El Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos
públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían
servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento
institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de
la región.
Afirmó que una evidencia de esa realidad es que
sólo en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y
dos mil novecientos veinte millones de dólares,
cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la
región.
El ex Presidente Mejía disertó sobre el tema "
Política y Corrupción" en la Octava Conferencia Regional. de la Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel
del este del país.
Mejía expresó: "Quiero hacer algunas
propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones
genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se
requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a
nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores
públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la
cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de
disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para
asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios
corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos
para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con
funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es
imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la
corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector
privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas
internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado
causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular
las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos
preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los
trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está
llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar
la corrupción.
En tercer lugar,
proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones
públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos
formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas
oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado
cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada
el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir
para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la
falta de transparencia.
En cuarto lugar,
proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente
contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes
que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la
asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el
voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que
operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en
coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de
nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se
vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un
pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo
alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los
últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley
Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la
imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las últimas elecciones esas instituciones han
sido instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a
los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso
equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un
consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales
independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los
esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso
dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y
diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una profunda
modificación del sistema electoral.
Es obvio que la mayoría de los candidatos del
partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las
instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas
elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización
social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce,
debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del
adecentamiento de la política, condición imprescindible para enfrentar la
corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta
la corrupción.
"Se asume, sentenció, que la corrupción
ocurre cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político
oficial, para apropiarse en beneficio personal y privado de recursos destinados
al bien común. La corrupción, pues, es una negación de la transparencia".
El ex mandatario señaló al destacar la relación
entre política y corrupción que se fundamenta en la combinación de control
extraordinario que disfruta el aparato estatal de recursos naturales, empresas
e instituciones unido a la debilidad institucional.
"Es precisamente para acceder y mantener
ese control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran
conciencias, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan
medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven
el favoritismo, alimentan el nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al
terror y al miedo", dijo.
Relación entre política y corrupción
"En otras palabras, la corrupción en la
región no es un fenómeno natural ni espontáneo. Es la expresión de un proyecto
de control social que tiene actores, nombres y apellidos", señaló
Entre las causas que explican el origen y la
reproducción de ese proyecto de control, es imperativo resaltar sus efectos económicos,
medioambientales, sociales y políticos que causa el flagelo en la sociedad y en
los ciudadanos.
Expresó que entre los efectos económicos se
destacan el daño que hace a la competitividad, particularmente por la falta de
transparencia, resaltando que la
opacidad de las reglas del juego favorece la competencia desleal, el
tráfico de influencia, y el soborno.
Recalcó "La ineficiencia y las distorsiones
en las actividades comerciales y empresariales son inherentes a esa realidad en
nuestros países".
Manifestó que "La grosera contaminación de
nuestros ríos y mares, la grave deforestación de nuestras áreas protegidas, y
la extracción no regulada de nuestros recursos mineros, son ejemplos
inocultables de este fenómeno. Y eso ocurre a pesar de la existencia de leyes y
regulaciones para evitarlo".
"Muchos partidos políticos, como ocurre en
la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, son
verdaderas corporaciones, cuyo objetivo central es mantenerse en el poder para
beneficiar a su élite. Apoyan en políticas clientelistas y reparten las migas a
los pobres, para mantenerlos atrapados en el círculo vicioso de la
pobreza", enfatizó
"Es de consenso que cuando esos partidos
controlan las instituciones que regulan los procesos electorales y así,
debilitan nuestra democracia, como ocurre en República Dominicana, provocando
el desinterés en la política que tiene parte de nuestra población, que se
expresa en una creciente abstención electoral, es una expresión del daño que
hace la corrupción al tejido social de nuestros países", dijo.
Los políticos corruptos se nutren en la
desmovilización social.
En esa parálisis colectiva fenómeno que se expresa
en la indiferencia y en la no participación en la protesta pública.
"A pesar de la fuerza de ese esquema, nos
parece insuficiente porque soslaya, de la esfera política pública, al poder
fáctico y a la sociedad civil. En efecto, ambas instancias sociales, sin ser
formalmente parte del funcionariado político, pueden tener y tienen una
extraordinaria influencia política", recalcó.
Consecuentemente, expresó, pueden inclinar la
balanza a favor de la transparencia o de la corrupción y como se ha visto
recientemente en varios países de la región, que en condiciones particulares,
empresas privadas han sido actores claves en procesos de corrupción que
amenazan la competitividad, la estabilidad política y la paz social.
A su entender causas de la corrupción son, fundamentalmente, de tres
tipos.
En primer lugar, están las causas de naturaleza
económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios, usualmente
regulado por las leyes del mercado.
En segundo lugar, existen las causas
político-institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde
los gobernantes y los gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos
por la Constitución y las Leyes. Ese es el mundo institucional del contrato
social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común.
La ruptura de ese contrato social, especialmente
la pérdida de confianza en las instituciones, es una grave amenaza a la
democracia.
Y, en tercer lugar, están las causas culturales,
es decir, la manera en que en el presente los ciudadanos y las ciudadanas de un
país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política, a
partir de sus vivencias históricas colectivas y las expectativas personales y
grupales.
Resalto que es de primer orden, entender las
dimensiones éticas y morales de las causas culturales de la corrupción, para
corregir el grave mal, ya que no sólo hace daño a las instituciones y a las
leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
Al preguntarse ¿Cuál debe ser el rol de los
partidos políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad
civil y la comunidad internacional?
Mejía expresó: "Quiero, en esta última
parte de mi intervención, abordar estas preguntas ineludibles haciendo algunas
propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones
genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se
requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a
nivel ejecutivo, legislativo y judicial. La rendición de cuentas por parte de
los funcionarios públicos es un componente esencial de ese fortalecimiento
institucional.
Una dimensión crucial de ese consenso es la
legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos
corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad
política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa
legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los
bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación, para que sea efectiva, debe
también establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios
que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus
empresas y negocios.
En segundo lugar, es
imperativo fortalecer la competitividad de nuestras economías como forma de
disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad, más que ser en sí misma la
panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el
Estado y el sector privado.
Asimismo, la competitividad obliga a cumplir con
normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el
mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular
las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos
preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los
trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está
llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar
la corrupción.
En tercer lugar,
proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones
públicas. Para tal fin, entendemos que es insuficiente la publicación de los
términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas
oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor, en ese sentido, que las
instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la
Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi
ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir
para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la
falta de transparencia.
En cuarto lugar,
proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente
contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes
que como instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
En ese sentido, el modelo a superar es aquel que
usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y
ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que
operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en
coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Para superar la pobreza que abunda en nuestra
región, es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente. Esa
capacitación es la garantía para que la población socialmente excluida se
vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un
pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo
alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los
últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley
Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la
imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral
que en las últimas elecciones han sido instrumentos del servicio del PLD.
Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el
financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de
comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un
consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales
independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los
esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso
dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y
diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una
modificación del sistema electoral.
Sin lugar a dudas, la mayoría de los candidatos
del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las
instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas
elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización
social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando se inhibe,
debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del
adecentamiento de la política. Esa es una condición necesaria para enfrentar la
corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta
la corrupción.
Ejemplos recientes en RD
El primer ejemplo se refiere al abuso del poder
para mantenerse en el gobierno.
Este fenómeno toma dimensiones extraordinarias
con el Presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2008, quien abusó del uso de los recursos públicos para
financiar su campaña buscaba la
reelección
El reparto fue tan grosero que se creó un
déficit multimillonario para financiar su campaña, debilitando así la capacidad
del gobierno para resolver problemas urgentes de interés común, tales como la
producción de alimentos, la educación y el mejoramiento de la infraestructura,
entre otros.
Otro ejemplo del abuso del poder absoluto es
como se hizo la elección avasallante de los miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura y la de los miembros de los Tribunales Superiores, es decir, el
Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
El gobierno usó su mayoría mecánica para imponer a miembros y allegados del
Partido de la Liberación Dominicana.
Al hacer lo mismo en la Contraloría General de
la República y en la Cámara de Cuentas, se garantizó la suprema jugada de la
impunidad y la corrupción en la República Dominicana.
Estas maniobras han permitido al PLD y a sus
gobiernos, blindar esos tribunales para que los favorezcan y no sancionen la
corrupción rampante que caracteriza su ejercicio del poder.
Otra demostración relevante de la corrupción en
el país es la conversión de la Junta Central Electoral en una caja de
resonancia de los dictados y necesidades de justificación de las trampas de
toda índole, usadas por el Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse
en el poder.
Del ministerio público
A ese blindaje de los Tribunales Superiores, hay
que agregar la inamovilidad de los miembros del Ministerio Público, quienes han
sido reducidos, hace tiempo, al rol de empleados del Poder Ejecutivo, con las
manos atadas.
Esa falta de independencia les impide actuar por
sí, ya que saben que con un simple decreto pueden ser enviados a sus casas.
Dado que el Procurador General de la República
es designado por decreto, se trata de otro funcionario público cuya lealtad
está y estará en función de los intereses del mandatario, por encima del
interés general de la sociedad.
La frecuencia con que se archivan expedientes de
acusación de actos de corrupción de altos funcionarios, evidencia el tratamiento
que se le da a los expedientes, irrespetando los procedimientos judiciales y la
Ley.
Jueces
Es grave que los Jueces del Poder Judicial sean
seleccionados con un estricto criterio partidista.
Asimismo, los jueces de los Tribunales Inferiores
son mantenidos en sus cargos bajo la mirilla política del gobierno que los
selecciona, los supervisa, los traslada, los degrada y los juzga, en un
ejercicio vertical que permite el control de esos funcionarios, para beneficio
de la corrupción.
Es la propia Ley 327-98 de Carrera Judicial la
que pone las decisiones judiciales en manos de los “superiores jerárquicos” a
la independencia de los magistrados del aparato judicial.
Construcciones ilegales
La construcción de obras es una de las
principales fuentes de corrupción en los gobiernos, pese a todas las leyes,
reglamentos, concursos, concesiones, siempre hay resquicios que permiten estar
seguros de que se cometen actos ilegales.
La campaña de construcción de escuelas que lleva
a cabo el gobierno comenzó a cojear cuando se denunció la sobrevaluación de
terrenos escogidos para levantar las edificaciones.
Muchos de estos trabajos se iniciaron en solares
cuyos tenedores no demostraron la legalidad de la ocupación de la propiedad, y
cuando ingenieros y constructores avanzaron grandes sumas de dinero que el
gobierno no les cubicó o no les ha pagado, aunque los trabajos fueron
realizados, todo lo cual se presta al tráfico de influencias.
La tanda extendida
El horario escolar extendido es un barril sin
fondo que consume miles de millones de pesos para proporcionar comida y
refrigerios a los estudiantes de la escuela primaria, sin que se conozcan los
necesarios concursos para seleccionar los proveedores con mayor experiencia,
mayor higiene, mayores conocimientos de nutrición. Esos alimentos son muchas
veces procesados sin que haya las condiciones adecuadas.
Como estoy de acuerdo con el programa de tanda
extendida, hago estas críticas con la intención de que las deficiencias sean
superadas y que el mismo se amplíe para que comprenda todas las escuelas y
todos los estudiantes, luego de que se hagan los arreglos pertinentes.
La prensa y la corrupción
Para que la prensa cumpla con su papel de
informar, divulgar, opinar, entretener, requiere de independencia.
La prensa dominicana dista mucho de cumplir, con
responsabilidad, de informar nada más que la verdad, toda la verdad. Una maraña
de intereses distrae las noticias de modo que digan y no digan, amaguen y no
den, que diciendo no dejen de decir.
El Gobierno como principal corruptor, emplea
periodistas profesionales como relacionadores de las instituciones públicas,
para mantenerlos bajo control.
Sin embargo, las redes sociales vienen a llenar
el vacío que crea la prensa convencional, ya que son, por naturaleza, ágiles, más
rápidas, más instantáneas, sin que sean menos seguras que los diarios
tradicionales.
En resumen, las redes sociales son hoy un
componente fundamental de la voz ciudadana contra la corrupción.
El contrabando
Otra fuente de corrupción es el contrabando, que
ingresa por los puertos y aeropuertos del país, muchas veces con la complicidad
de autoridades, en una práctica que se multiplica con el tiempo y los cada vez
más sofisticados modos de actuar de los delincuentes.
El contrabando, la subvaluación, la complicidad
de autoridades de aduana y altos funcionarios, forman otro de los fuertes
eslabones de la corrupción, que afecta al fisco, a la competitividad y la
transparencia.
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Uno de los casos más extremos de corrupción en
el gobierno dominicano involucra a la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado, una institución que cuenta con un presupuesto elevado.
Las irregularidades en la asignación de obras,
así como el soborno para su pago, se hicieron evidentes cuando, en las mismas
oficinas de esa entidad, se suicidó el arquitecto David Rodríguez García,
acosado por la desesperación.
Había construido una escuela básica ubicada en
la Provincia Monte Plata, la cual fue inaugurada por el Presidente de la
República, pero la obra no fue saldada sino casi un año después de esa fecha,
justamente el día del suicidio del mencionado profesional. En una nota
manuscrita, el arquitecto Rodríguez García reveló las extorsiones que le
hicieron varios funcionarios la OISOE.
Este proceso todavía se ventila en los
tribunales.
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
En el Instituto de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), un alto ejecutivo ha sido acusado de desfalco y
prevaricación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), lo acusó por prevaricación, falsedad, desfalco, delito
de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público,
estafa contra el Estado dominicano y abuso de confianza. El expediente refleja que en esa institución
se firmaron contratos con 38 empresas, por un monto de 904 millones de pesos. Una
sola compañía fue beneficiada con nueve contratos, de los cuales ocho fueron
suscritos en un solo día.
Funglode
Un ejemplo del peso de la corrupción política en
el país es la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo jefe es el
Presidente Leonel Fernández.
Esa fundación, arrastra una larga cadena de
violaciones a la Constitución y las Leyes, incluyendo uso de fondos públicos,
conflicto de intereses, prevaricación, y recaudación ilícita de fondos.
A pesar de que prominentes abogados presentaron
una querella formal, con pruebas sólidas de la corrupción vinculada a FUNGLODE,
la justicia decidió cerrar definitivamente el caso.
La parcialidad de la justicia dominicana se pone
en evidencia con este escandaloso caso.
Debemos preguntar: ¿Cuántos millones se han
gastado en Funglode?
Los Súper Tucanos
La gravedad del tema que nos ocupa tiene
vínculos internacionales inocultables.
Esa realidad se hace evidente con la compra de
varios aviones de la marca Súper Tucanos
comprados por el Gobierno Dominicano a la empresa brasileña EMBRAER durante la
gestión del Presidente Leonel Fernández.
Como ha admitido recientemente la EMBRAER, esa
compra estuvo manchada por la corrupción. En efecto, en esa transacción se
sobrevaloró el precio de los aviones, y se pagaron comisiones por más de tres
millones de dólares a funcionarios dominicanos.
Se ha denunciado que, en este caso, se
cometieron otras irregularidades, especialmente en el monto de los seguros. En
conjunto, se habla de más de diez millones de dólares pagados de forma no
transparente el perjuicio de la República Dominicana.
Este delicado hecho de corrupción, que se ha
convertido en uno de los más importantes a nivel internacional, muy
especialmente en los EEUU y en Brasil, se trató de minimizar en la República
Dominicana a pesar de haber sido nosotros el país más afectado.
Sin la investigación del caso en los EEUU y
Brasil, nada habría pasado en nuestro país.
El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están
obligados a aclarar este caso.
Mientras tanto, nosotros estaremos vigilantes
hasta que sean condenados los responsables.
Otros casos relevantes
Un caso relevante lo constituye el de un
poderoso ex Ministro, acusado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
y por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa, de la comisión de delitos de Lavado de Activos Provenientes de
Actividades Ilícitas, Declaración Jurada de Bienes y que también fue vinculado
a contratos irregulares.
En este caso, para sorpresa del Ministerio
Público, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo de
los dieciocho meses de indagatorias sobre ese expediente.
Otro caso muy sonado lo constituye la decisión
de la Suprema Corte de Justicia de declarar un auto de “no ha lugar” a favor de
un reconocido dirigente político y ex funcionario del gobierno del Partido de
la Liberación Dominicana, acusado de la comisión de actos de corrupción, cuyo
súbito enriquecimiento ha constituido una piedra de escándalo, sin precedentes
en el escenario nacional.
Sector salud
Uno de los escándalos más oscuros lo constituye
las irregularidades en la construcción
de nuevas infraestructuras para el sector salud.
En unos la inversión final ha duplicado los
montos originalmente presupuestados, mientras que las instalaciones existentes
acusan un progresivo deterioro de sus estructuras.
Subvaluación y subsidios
Un área de preocupación es el impacto que, sobre
el desempeño de la economía, tienen las
subvaluaciones, los subsidios innecesarios, la evasión fiscal y los
privilegios injustos.
Un ejemplo relevante de este hecho es el de los
bonos para la adquisición de combustibles, que involucra sumas millonarias sin
la debida transparencia.
En la comisión de estos males, tanto delinquen
los funcionarios corruptos, que alteran documentos a cambio de dinero y
privilegios, como los contribuyentes que se aprovechan de ellos para pagar
menos impuestos y timar al fisco.
Importaciones y permisos
La falta de transparencia en las importaciones
es una penosa muestra de la falta de transparencia en nuestro país.
Con frecuencia, se hacen importaciones de bienes
agropecuarios que perjudican a los productores nacionales. Llama la atención
que se importen bienes agropecuarios justo en el momento en que los productores
agropecuarios inician sus cosechas.
Paradójicamente, esas importaciones son de
productos que el gobierno dice apoyar de manera prioritaria, tales como café,
cebolla, arroz, ajo, leche, carnes, habichuelas y algunos vegetales.
La importación de café, pone en evidencia la
desprotección a nuestra agricultura de montaña y a los productores agrícolas.
En efecto,
nuestro país ha pasado de ser un exportador a ser un importador neto de
este grano. De una producción promedio de 900,000 quintales al año, en los
últimos dos años, sin embargo, la producción se redujo a menos de 300,000
quintales.
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