El ex presidente de la República, Hipólito Mejía,
aseguró que el país no puede continuar con el aparato judicial que tiene en
este momento, debido a que el mismo no garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía
ni a los inversionistas locales y extranjeros,
necesarios para impulsar el desarrollo sano y sostenible de la economía del país.
Expresó que la República Dominicana está muy
cuestionada a nivel internacional, debido a ese problema, lo que requiere un
cambio de actitud de la sociedad, ya que considera que mientras el Partido de
la Libración Dominicana (PLD) gobierno, no
es posible cambiar.
Al hablar
con periodistas en el Instituto doctor José Francisco Peña Gómez, el ex
mandatario manifestó no tener dudas de que
el gobierno de Danilo Medina ha hecho un
pacto amargo para mantener la impunidad, guardando expedientes que son
evidenciados por todos los sectores del país como casos graves de corrupción
publica, pero que involucran a altos dirigentes del partido de gobierno.
Dijo que esa
es una amarga señal que envía el gobierno, al tiempo de expresar su frustración
del desempeño del actual Procurador General, Francisco Domínguez Brito, de cuya
honestidad no tiene dudas, pero se ha dejado
“tumbar el brazo” de los políticos de su partido para no actuar en esos
casos sonoros.
“Ese
muchacho es de una familia honesta, él en sí es honesto, pero su desempeño me
ha dejado un sabor amargo, por lo que reitero, debería renunciar, ya que se ha
dejado ganar el pleito de la corrupción” aseveró el ex presidente Mejía.
Se mostro
de acuerdo con la disposición de sancionar a los miembros del poder Judicial
hayan sido proclive a la corrupción en el desempeño de sus funciones, pero insistió en que el problema de la
justicia es una enfermedad que ha hecho metástasis
en el cuerpo social, de la propia justicia y de la sociedad que ve la impunidad
como la práctica gubernamental peledeista.
Citó el caso propio, con la acusación que le formuló
el Senador Wilton Guerrero, el cual, afirmó ha sido archivado sin otro interese
que no sea de negar la justicia que requiere la protección de su honor como
ciudadano, pero que la cúpula de la Suprema no ha permitido que se conozco el
expediente.
Andrés Matos.
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