SANTO DOMINGO. Un entramado mafioso al estilo lo ocurrido en
la Oficina de ingenieros Supervisora de Obras del Estado, OISOE, estaría
funcionando en la Contraloría General de la República, y otras instituciones
del gobierno, formada por algunos abogados empleados de esta oficina.
El “sistema” opería, preparando informes para retrasar pagos
a los ciudadanos y redactando cesiones de crédito falsas contentivas, producto
del chantaje en las obras y pagos del Estado.
La red, que nunca ha sido investigada, en el caso de la OISOE
preparaba cesiones sobre créditos falsos, que correspondían a supuestos
trabajos o préstamos para la ejecución de obras y está que en ese caso, no fue
investigada por la Procuraduría, incluía abogados empleados de dicha oficina y
a “notarios” que firmaban y sellaban sin la presencia de los supuestos
firmantes, según se desprende de la lectura del expediente sometido a la
justicia que involucra a dos empleados de quinta categoría que obviamente
carecían del poder que se requiere para decidir los pagos.
En el caso de algunos ministerio, se ha dado el caso de que
cuando los beneficiarios de los cheques no han obtemperado a pagar las
comisiones exigidas, los cheques han sido cancelados y expedidos de nuevo a
otros destinatarios más “amables”, dando lugar a que el Tribunal
Constitucional, ordene el pago de nuevo en detrimento del Estado a los dueños
reales, como sucedió en el ministerio de Obras Públicas, con el caso de Bruno
Díaz con un cheque de 11.8 millones de pesos sobre el que “sugirieron” a su
abogado Eduardo López “gastar algo” para lograr el pago.
En el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, el caso se hizo
tan escandaloso que fue necesario cerrar el Departamento de Crédito
Administrativo, creado en este Gobierno como adjunto de Deuda Pública,
completo, desde los primeros días del mes de noviembre del pasado año sin que
ninguna persona fuera sometida. La información que se dio en ese momento fue
que hubo “vacaciones colectivas” … hasta la fecha.
En la Contraloría General de la República es usual retener
los pagos indefinidamente en violación a la Ley de Procedimiento
Administrativo, incluso cuando están digitados en el sistema como correctos,
utilizando como pretexto la espera de informe de abogados externos, carentes de
toda base legal, hasta que los usuarios se desesperan y sean “socializados”; el
proceso puede costar hasta el 40% de los fondos involucrados.
Ni el suicidio del Ing. David Rodríguez, ni el torneo
electoral han puesto fin a estas prácticas corruptas, a las que por más que se
denuncian, el Presidente de la República, Danilo Medina, no pone control,
tampoco ha logrado reducirla la aplicación desde febrero del 2015 la Ley de
Procedimiento Administrativo, No. 107/13 promulgada por él que viene a ser
letra muerta.
Fuentes de entero crédito, informaron a algunos medios,
incluyendo Actualidad Dominicana, que los abogados implicados en esta práctica,
que rinden informes carentes de sentido jurídico con el objeto de entorpecer el
cobro para someter a chantaje a los ciudadanos, serán llevados la semana próxima
por ante el Colegio Dominicano de Abogados por violaciones al Código de Ética
del Profesional del Derecho, que debe actuar como un auxiliar de la Justicia y
no como asesor de la corrupción.
El CARD que desde este mes ya no está presidido por el Doctor
Diego José Garcia/Babado Torres del PLD, sino por un profesional independiente,
el Dr. Surum Hernández, deberá realizar las indagatorias de lugar.
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