Es una mala noticia para quienes desde el gobierno
argumentan, con las estadísticas en las manos, que la criminalidad se redujo en
un 50% durante el mes de enero gracias a que la Policía mantuvo a soga corta a
los motoristas con perfil sospechoso, que sin embargo han tenido también que
reconocer, muy a su pesar desde luego, que no obstante esas cifras la percepción
de inseguridad se mantiene entre los ciudadanos. Porque nada contribuye mas a fortalecer
esa percepción en el imaginario popular que figuras conocidas y apreciadas como
la presentadora de televisión Socorro Castellanos sean víctimas de la
desbordada criminalidad, sobre todo si en medio de su tribulación declara que
ni siquiera se tomará la molestia de poner la querella en la Policía, pues la
primera vez que fue asaltada y golpeada se querelló y hasta identificó a sus
agresores y no ocurrió nada. Y lo mismo sucede con la corrupción, con la
diferencia de que el gobierno no puede echar mano a las estadísticas para
intentar demostrar que persigue a los corruptos, ni exhibir acciones puntuales
y concretas que hayan servido para contener el avance imparable del flagelo o reducirlo
a su mínima expresión, pues ya es un secreto a voces que las llevadas y traídas
veedurías han resultado un gran fiasco. ¿Cómo justificar que mas de mil
funcionarios no hayan cumplido con la ley presentando sus declaraciones juradas
de bienes simplemente porque no les da la gana y siguen en sus cargos tan
campantes? Por eso no puede quejarse el
gobierno, ni alegar sorpresa, si la primera entrega del año de Gallup-Hoy arrojó que la percepción que
tiene el 45.7% de la población es que en este gobierno hay más corrupción que
antes. Como tampoco debe sorprenderse si, por culpa de esos problemas de
percepción no resueltos, corrupción y criminalidad adquieren mayor protagonismo
y relevancia en una campaña electoral que de aquí en adelante es cuando se
pondrá interesante.
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