Por AP.
Venezuela. El presidente Nicolás Maduro
promulgó el miércoles una serie de decretos-ley en el ámbito económico que
parecen estar lejos de concretar las expectativas de quienes durante más de un
año esperaron que se tomaran medidas de fondo para enfrentar la grave crisis
económica de Venezuela.
Cuando resta
un día para que expire una legislación que otorgó a Maduro poderes especiales
que le permitieron legislar por nueve meses, el presidente promulgó 20 nuevos
textos legales, entre los que destacan la reforma parcial de varias
legislaciones tributarias —incluido el impuesto sobre la renta— en la que se
estableció el aumento del 34% al 40% de la alícuota máxima que se cobra a las
grandes empresas, entre otros tributos, “para elevar la recaudación” y “para
garantizar la inversión social”.
Maduro
indicó que “esta reforma del impuesto sobre la renta va dirigido a los
contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela”, estimado en unos
3.000, y enfatizó que “no va dirigido a las personas naturales ni las personas
jurídicas que no tienen gran capital”.
Venezuela
enfrenta actualmente una severa crisis signada por una galopante inflación que
analistas estiman cerrará el año en tres dígitos—, severos problemas de escasez
de productos básicos, una contracción del aparato productivo y un fuerte
déficit fiscal agravado por la merma de los ingresos del gobierno debido a la
caída de los precios del crudo.
El petróleo
genera 96% de las divisas que recibe el país por exportaciones. La reforma
busca además “eliminar la posibilidad de evasión que aún quedaba”.
En tal
sentido, Maduro mencionó que “se eliminó el ajuste por inflación que se ha
constituido en un mecanismo de disminución injustificada para el pago del
impuesto de estos contribuyentes del gran capital”.
Además se
reformó una ley de impuestos a las grandes transacciones financieras,
“exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital”.
El
presidente comentó que el alcance de este texto legal será explicado en detalle
en enero, pero adelantó que se cobrará “0,75% de cada transacción de estos
altos contribuyentes”.
Maduro,
acosado por la inflación, dijo también que el nuevo andamiaje legal forma parte
de un esfuerzo para corregir los efectos de la “guerra económica” que, según
él, empresarios y adversarios políticos habrían desatado desde 2013 para
generar malestar entre los venezolanos y justificar su derrocamiento.
Estas leyes
fueron aprobadas por Maduro apoyado en poderes especiales que le otorgó en
marzo la saliente Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para emitir
decretos con fuerza de ley durante unos nueve meses, que expira el 31 de
diciembre.
Entre las
medidas de fondo que siguen pendientes está el incremento de los precios de la
gasolina en Venezuela, una de las más baratas del mundo y que están congelados
desde hace más de una década.
El gobierno
ha reconocido que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. pierde anualmente
12.592 millones de dólares por la diferencia en lo que cuesta producir la
gasolina y el precio en que la vende en el mercado local.
Maduro
anunció también la reforma de la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, en la
que se “prohíbe y se establece las penas” para todo aquel que tome como
referencia cualquier tipo de cambio no oficial para la definición de precios y
estructuras de costos de todos los bienes y productos del país.
“Esa forma
de fijar los precios de manera abusiva y criminal, eso se llama capitalismo
salvaje”, aseveró, sin dar detalles sobre las sanciones. En Venezuela está
vigente desde hace más de 12 años un control de cambios y operan tres tasas
oficiales, así como una cuarta del mercado negro, ampliamente utilizada para
establecer muchos de los precios de los bienes.
El país es
altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad
de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen
aquí.
Con el
propósito de estimular la producción local y procurar que las escasas divisas
terminen en manos de empresas eficientes, entre otros instrumentos legales,
Maduro anunció la eliminación del actual “certificado de no producción para la
obtención de dólares de los distintos sistemas cambiarios legales y oficiales
por un nuevo mecanismo de certificado de producción”.
Explicó que
a partir que el empresario demuestre que tiene capacidad productiva y la
aumente, el gobierno autorizará que parte de esos bienes sean exportados de
modo que convierta en una fuente de divisas para el país y los propios
empresarios.
También
ofreció para los dueños de compañías que aumenten su producción una serie de
incentivos fiscales, sin dar otros detalles.
Desde 2006
los venezolanos enfrentan problemas de desabastecimiento, pero en los últimos
dos años la escasez se ha agudizado debido a que el gobierno redujo la venta de
divisas oficiales, lo que le ha impedido a muchas empresas comprar en el
exterior materias primas, repuestos y equipos.
Según
críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera
necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los productos y
las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las
principales causas de la escasez.
En los
últimos nueve años Venezuela ha registrado una de las mayores tasas de
inflación de la región a pesar de tener control de precios y cambio desde 2003.
El año
pasado fue de 68,5%, y analistas estiman que cerrará el año en tres dígitos. El
Fondo Monetario Internacional estima que la economía venezolana podría alcanzar
este año una contracción de 7%, la mayor del continente.
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